Se me ocurrió realizar un listado con entradillas y enlaces sobre la corrupción. Es un tema que me preocupa tanto como la actual situación del país. Bueno no sé si tanto o más, porque creo que si los políticos que nos gobiernan hubieran estado más pendientes de los asuntos de los ciudadanos que de los de sus partidos y  de sus asuntillos particulares otro gallo nos hubiese cantado.
La corrupción no es sólo prevaricar o aprovecharse del cargo para enriquecerse, también es favorecer el desarrollo e implantación de tu partido liberando personas o metiendo asesores que lo único que hacen después es dedicarse a trabajar en los cargos ógánicos del partido y no aparecen por sus "asesorías". Práctica común en todos los partidos y ampliamente tolerada en aras de la ley reguladora o de la interpretación que de ella hacen fiscales y jueces.
Pero a lo que iba, antes de comenzar he googleado un poco, y como no resulta que a alguien o algunos ya se les ocurrió. Así que para qué me voy a molestar. Les pongo el enlace:
La punta del iceberg
Cosas por las que debemos estar cabreados y en las que deberíamos centrar nuestra atención:
La
 corrupción política en España, no es un daño colateral, sino que 
constituye la base de nuestro sistema político. La corrupción es, como 
se dice ahora, sistémica.
La
 democracia en España está limitada a la alternancia de determinados 
partidos en el poder. Esa alternancia y la exclusión de otras 
formaciones o canales de participación democrática, han llevado a que 
los dirigentes de dichos partidos turnantes  tengan una 
concepción patrimonial del poder político; es decir: “es mío, y hago con
 él lo que me da la gana, vamos, faltaría más.”
La
 lucha partidaria no es, ni más ni menos, que una guerra encarnizada por
 el acceso a los presupuestos públicos. Es decir: luchan para repartirse
 el dinero obtenido por la Hacienda Pública de los impuestos que pagamos
 los ciudadanos.
La corrupción sistémica se ve 
facilitada por las desorbitadas necesidades de financiación de los 
principales partidos políticos, la ausencia o debilidad de los sistemas 
de control preventivo de la corrupción (el Tribunal de Cuentas carece a 
efectos prácticos de capacidad sancionadora), la ineficacia de la 
legislación sobre financiación de los partidos (realizada por los 
propios partidos a los que debería controlar), la descentralización 
administrativa que multiplica las fuentes de acceso a los distintos 
presupuestos, y la ausencia de democracia interna y de transparencia en 
la actuación de los partidos, que permite el monopolio del poder por una
 reducida casta de políticos profesionales.
Por todo ello, la lucha contra la corrupción política en España no es una cuestión ética: es una cuestión de supervivencia.
El
 ingente trasvase del dinero público a manos privadas realizado de forma
 delictiva por cargos públicos es una de las principales causas de la 
asfixia económica del Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Diputaciones, Cabildos, Juntas y Ayuntamientos. Debido al saqueo, unido 
al fraude fiscal generalizado por parte de las grandes fortunas y las 
grandes empresas, fraude en muchos casos legalizado por la normativa ad hoc generada por el Gobierno y por las Cortes, hay déficit, la deuda se dispara y falta presupuesto.
El
 déficit fiscal generado por la clase política, por ejemplo, al 
renunciar las Comunidades Autónomas a impuestos cedidos por el Estado, 
para, en lugar de financiarse con sus propios recursos, endeudarse con 
las entidades bancarias y los mercados, a los que se regalan 
los correspondientes intereses a costa de todos los ciudadanos, se 
pretende enjugar con los famosos “recortes”, es decir, se baja el sueldo
 a los empleados públicos, se suben los impuestos sobre el consumo (los 
más injustos: los consejeros de las multinacionales pagan lo mismo que 
Vd., lector), y se reducen gastos fundamentales en Educación, Sanidad, 
Justicia e infraestructuras. Todo antes que reducir el nivel de saqueo.
El
 fruto del saqueo, ese dinero sistemáticamente robado y entregado por 
cargos públicos a empresas afines mediante soborno y, en muchos casos, 
para repartir con los partidos, es el que debería servir para que los 
Ayuntamientos pagasen a sus proveedores, el que debería invertir el 
Estado en políticas sociales o infraestructuras necesarias; el que deberían gastar las comunidades autónomas en Sanidad, Educación o Dependencia.
Por
 su parte, los medios de comunicación, que deberían ser uno de los 
agentes fundamentales en el control de los comportamientos corruptos, no
 sólo no son independientes, sino que viven en simbiosis con los 
partidos y, a la vez, actúan como correa de transmisión de los intereses
 de sus propietarios y patrocinadores (grandes empresas anunciantes, a 
su vez beneficiadas por la corrupción)
Precisamente,
 debido a que los medios de comunicación no cumplen con la función que 
deberían tener en una democracia, la corrupción no es percibida por los 
ciudadanos como sistémica. Los medios se ocupan –y con notable éxito, 
por cierto- de distraer la atención.
Sólo cuando es inevitable, por lo general debido a la intervención de la Policía o la Guardia Civil, determinados escándalos
 saltan a los medios; pero siempre compartimentados, limitándose la 
información a un caso concreto que, al afectar a un solo partido cada 
vez, pasa a integrarse en la lucha partidista y –gracias a la 
información sesgada facilitada por los medios- suele producir en los 
votantes del partido afectado una reacción de cierre de filas (recurso a
 la idea de conspiraciones político-judiciales, etc.) que impide que los
 comportamientos corruptos, incluso aunque estén siendo enjuiciados por 
los Tribunales de Justicia, impliquen –como en principio sería lo 
lógico- un castigo en las urnas por parte de la ciudadanía que 
–paradójicamente- es la principal perjudicada por la corrupción. 
Sencillamente, lpese a la evidencia, los ciudadanos eligen no creerse 
que el político al que votan es un ladrón.
En 
resumen: que si no nos levantamos contra este estado de cosas, es que 
somos profundamente imbéciles y tenemos lo que nos merecemos.
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P.D. Vuelvo a proponer a mis amables lectores unos sencillos ejercicios prácticos:
a)
 Cuando paseen por la calle de su ciudad o de su pueblo, o circulen por 
una carretera y se topen con un cartel de esos que anuncian a bombo y 
platillo las obras que los políticos hacen por nuestro bien, tomen nota 
de la obra y del presupuesto. (si sacan una foto, mejor) Luego le 
preguntan a cualquier conocido que trabaje en la construcción cuánto 
cuesta realmente esa obra.
b) Si trabaja Vd. en 
cualquier dependencia de la Administración y tiene que reponer, digamos,
 su ordenador o la impresora, intente informarse de cuánto le ha costado
 al Estado. Luego, acérquese al Mediamarket o a Carrefour y mire cuánto 
le habría costado comprársela Vd. por su cuenta.
c)
 Si por alguna extraña razón es Vd. concejal o concejala de un partido 
minoritario, de los que no están en condiciones de rapiñar (aún) y se 
siente heroico o heroica, intente acceder al presupuesto de alguna de 
las obras mencionadas, como es su derecho, y luego coménteselo a su 
amigo de la constru. Verá qué sorpresa se lleva. Luego, cállese, por 
favor, salvo que esté decidido a marcharse de su pueblo.


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