Esta es la jueza Mercedes Alaya. La tarea que tiene encomendada no es fácil. Ni fácil se lo están poniendo quiénes aparentan que están del lado de la transparencia y de la justicia.
La jueza pide unas actas. Las mismas que la Junta le niega argumentando que son materia reservada. Esto huele a lo que huele, a una posible maniobra con el fin ocultar materia que pudiera ser definitiva para poner a cada uno en su sitio
«Resulta paradójico que, durante diez años, la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello». Para la magistrada, «no es legítimo, por constituir un abuso de derecho, que la Junta se persone como perjudicada y, de otro lado, pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional contenido en el artículo 119 de nuestra Carta Magna».
La jueza Alaya piensa que puede haber un posible delito de prevaricación.
La cosa se pone feíta para los de Griñán.
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